La Comisión Europea cancela la sanción económica a España por incumplir el déficit de 2015, da dos años
más de prórroga para bajarlo del 3% del PIB y mete presión para que se alcance pronto un acuerdo de gobernabilidad.
Miquel Roig. Bruselas.
Si Mariano Rajoy sigue fumando puros, ayer tuvo más motivos que nunca para encenderse uno de los buenos. Dadas la complicada situación fiscal y política de España, la Comisión Europea hizo un traje a medida del presidente en funciones: canceló la multa por incumplir el déficit de 2015; le ajustó la nueva senda fiscal de tal modo que exime al Gobierno de hacer nuevos ajustes en 2016 y los que pidió, los pospuso a 2017 y 2018. Y lo único que podría suponerle un problema –que los ajustes para el año que viene tiene que esbozarlos en octubre– Rajoy lo puede usar a su favor: ya tiene otro argumento más para urgir al resto de partidos políticos a alcanzar cuanto antes un acuerdo que permita una investidura.
Por partes. El Colegio de Comisarios decidió ayer cancelar la multa a España y Portugal por cerrar 2015 con un déficit público por encima de los objetivos marcados; por hacerlo a conciencia; e ignorando los repetidos avisos de la Comisión. La multa, por defecto, equivale al 0,2% del PIB (2.160 millones de euros en el caso de España), pero ésta se puede reducir o incluso cancelar si se dan circunstancias económicas excepcionales o si el país afectado envía una petición razonada. Una mayoría de comisarios, incluido el presidente, Jean-Claude Juncker, abogaba por la cancelación, pero había un grupo, minoritario pero no insignificante, que pedían una cantidad simbólica. El objetivo: demostrar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las normas fiscales de la UE, está vivo.
Fuentes comunitarias aseguran que la firmeza de Juncker fue clave para que se impusiera la cancelación, al igual que la llamada el día anterior de Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas alemán, a varios comisarios, apoyando las tesis de Madrid.
Esfuerzos y promesas.
A favor de España han jugado la difícil situación política de Europa (ver análisis), las reformas y ajustes fiscales aplicados en los últimos años, y los compromisos a futuro. En palabras ayer de Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, “aunque estos han sido insuficientes, no se pueden ignorar”. Los ciudadanos, afirmó el francés en rueda de prensa, “no habrían
entendido una multa ahora, después de todos los esfuerzos realizados”.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, recordó por su parte el compromiso expresado por España para cumplir con los nuevos objetivos del déficit público, que además vinculó a la congelación y eventual descongelación de fondos estructurales europeos, la segunda pata de la sanción.
Y aquí es donde entra en escena la nueva senda fiscal.
Si en mayo la Comisión proponía un déficit del 3,7% del PIB este año y del 2,5% el que viene, ahora plantea un 4,6% en 2016, un 3,1% en 2017 y un 2,2% en 2018. El de este ejercicio se cumpliría prácticamente solo: la autoridad fiscal independiente española, Airef, aseguraba la semana pasada que el déficit de este año se iría al 4,7% si no se tomaba
ninguna medida.
Para los siguientes, harían falta medidas equivalentes al 0,5% del PIB cada año (unos 5.500 millones de euros). Ése es el único obstáculo que la Comisión ha puesto en el camino el Gobierno en funciones: la presentación del plan presupuestario de 2017, cuya fecha límite de entrega es el próximo 15 de octubre. El Gobierno debe incluir esas medidas en el documento que envíe entonces a Bruselas, pero un Ejecutivo en funciones va a tener muy complicado presentar ajustes de gasto o de ingreso creíbles y duraderos.
Pero Rajoy puede convertir ese inconveniente en un argumento más para convencer al resto de partidos políticos de desbloquear las negociaciones de investidura. El propio Moscovici, al ser preguntado ayer si un Gobierno en funciones sería capaz de proponer medidas valoradas en 5.500.
(….)
ENLACE A NOTICIA: 1b